La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que las fuerzas peruanas ejecutaron muertes «arbitrarias y extrajudiciales» de manifestantes durante las protestas que tuvieron lugar en el país entre diciembre y febrero pasado, en las que medio centenar de personas perdieron la vida, y acusó al Gobierno de Dina Boluarte de «mirar hacia otro lado» mientras eso ocurría.
«El Ejército y la Policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes», indicó HRW en un informe.
Las protestas estallaron en tras la destitución de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, luego de su fallido intento por disolver el Congreso, acosado por denuncias e investigaciones de corrupción. Boluarte, hasta entonces su Vicepresidenta, asumió el mando en medio de marchas que exigían su renuncia y un llamado a elecciones anticipadas.
*Nuevo informe*
Perú: Abusos brutales cometidos por las fuerzas de seguridad.
Se debe investigar a mandos y altos funcionarios.https://t.co/rb7t8u0UQ5
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) April 26, 2023
Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, en algunas hubo violencia.
El informe de HRW, apoyado en las cifras de la Defensoría del Pueblo, documentó 49 muertes de manifestantes, entre ellos ocho niños, debido a la «excesiva respuesta» de las fuerzas de seguridad.
Del total de muertos, 39 corresponden a víctimas «por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos».
«La administración de Boluarte pareció mirar hacia otro lado durante semanas mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes. Hubo graves actos de violencia por parte de los manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad», expresó el director asociado para las Américas de HRW, César Muñoz, en el informe «Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú».
Ante ese panorama, la ONG propuso que se cree una «comisión independiente de expertos internacionales» para acompañar las «investigaciones penales» que realiza la fiscalía peruana.
«Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de Gobierno», agregó, según recogieron las agencias de noticias AFP y Europa Press.
En el marco de las protestas también murieron seis soldados ahogados cuando huían de manifestantes y un policía. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de policías.
La fiscalía investiga a la presidenta Boluarte, de 60 años, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Además, algunos miembros del Congreso la están investigando por presunta corrupción. Sin embargo, ella tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.
Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
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