El operativo se ordenó tras una investigación que comenzó por una denuncia de autoridades del correo de Sauce, Corrientes, quienes detectaron “el envío de grandes cantidades de astas de ciervo en una paquetería hacia domicilios de las ciudades de Tandil y Longchamps”, según indicó el comunicado de la fuerza.
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Luego de ello, la Unidad Fiscal de Investigaciones Rurales y Ambientales de Mercedes (Corrientes) derivó la denuncia al departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), que comenzó una investigación a través de la cual logró dar con los talleres ilegales donde se realizaba la “confección y armado de cuchillería artesanal y otros enseres con partes de Fauna Silvestre protegida”.
Asimismo, la investigación logró detectar los “canales de venta interprovincial por redes sociales, medios electrónicos y ferias, utilizados para la comercialización. Con esta información se pidieron allanamientos en las citadas localidades y se libraron “exhortos a los Juzgados de Garantías N° 1 de Tandil y Juzgado de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora, quienes en sus respectivas jurisdicciones convalidaron los allanamientos”.
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En el domicilio de Longchamps había un taller de ensamblado de cuchillos con los cabos confeccionados con partes de fauna silvestre, y allí se logró secuestrar “unos 200 cuchillos y otros enseres con cabos armados con partes de astas de ciervos axis, colas de mulitas, patas de ñandúes y partes de cuernos de antílopes de la India, como también diez cuernos enteros del mismo animal”.
En la Ciudad de Tandil, se allanaron viviendas donde se logró dar con un taller clandestino en el que se encontraban “trabajando los investigados, lográndose la incautación de más de 2.500 piezas de recortes de astas de ciervo axis, pezuñas de ñandú y colitas de peludo o ´mulita´, como también una pata entera de ciervo”.
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En ambos casos, el material incautado no contaba con documentación que “acredite la obtención legítima, menos en el caso de las mulitas, que por hallarse en peligro de extinción está prohibida su caza y la comercialización de productos y subproductos, quedando los responsables a disposición de la Justicia”.
Están acusados del delito contemplado en la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. El valor estimado del material incautado, en el mercado negro, ascendería a unos 7 millones de pesos.
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