El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Guatemala presentó un recurso judicial en el que solicita a las instituciones del Estado garantías para la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para el 20 de agosto, tras una serie de maniobras de la Fiscalía, que el jueves allanó por segunda vez el TSE, y de un juez, que ordenó detener a la presidenta del cuerpo.
En su recurso, en el que apunta contra la Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Corte Suprema y otras instituciones del Estado, el TSE argumentó que existe «la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho» al no garantizar el libre desarrollo de «las funciones del Tribunal Supremo Electoral, los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general».
Diversos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía pusieron en duda la realización de la segunda vuelta electoral entre los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
Aunque los dos candidatos del balotaje son socialdemócratas, las acciones de la Fiscalía y de un juez se han centrado en Arévalo, porque aparentemente es visto por sectores poderosos de Guatemala como un riesgo para sus intereses.
Allanamientos al TSE
El jueves, la Fiscalía realizó un segundo allanamiento a la sede del TSE para llevarse documentos en seguimiento a una polémica investigación contra el Movimiento Semilla, liderado por Arévalo, por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.
«La Fiscalía Especial contra la Impunidad concluyó una diligencia de allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del TSE, donde secuestró documentación», indicó un breve comunicado publicado por el Ministerio Público en la red social Twitter.
Esta investigación es considerada en el país y en el exterior como un pretexto para sacar del balotaje a Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951).
Además, el juez Fredy Orellana ordenó el arresto de la subdirectora del Registro de Ciudadanos (padrón electoral) del TSE, Eleonora Castillo, por no acatar su cuestionada orden de inhabilitar al partido la semana pasada.
Castillo goza de inmunidad, según el TSE. Ella funge como jefa interina del registro por las vacaciones de su titular, Ramiro Muñoz, quien ya había adelantado que no podía obedecer la orden del juez porque la ley electoral estipula que ningún partido puede ser suspendido en medio de un proceso electoral.
Posteriormente, el tribunal electoral denunció que el procedimiento y la orden de captura contra Castillo «no son coherentes ni congruentes» y que «provocan un ambiente adverso a la legalidad».
«Ante ello, demandamos el respeto al TSE y garantizar los principios fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además del estricto cumplimiento de las leyes y el respeto a las jerarquías de la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos», alertó un comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.
Repudios a los allanamientos
La misión de observación electoral de la Unión Europea consideró que las órdenes de captura y allanamientos «constituyen una acción impropia de un estado democrático y de derecho tendientes a subvertir la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio».
La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA) considera al sistema judicial guatemalteco como el «brazo represivo que busca asfixiar y estrangular» a los opositores.
En el mismo sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA) mostró nuevamente su preocupación por la actuación de la Fiscalía: «Apoyamos la labor del TSE a favor de la continuidad de las elecciones».
«Preocupan los reiterados intentos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, la intervención reiterada del Ministerio Público y la persecución a funcionarios electorales», denunció el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El TSE también pidió a la máxima corte que la Fiscalía y otras instituciones públicas «se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y lo dispuesto en el acuerdo» de los magistrados del TSE del 12 de julio, al oficializar la participación de Torres y Arévalo en la segunda vuelta.
«Aplausos al Tribunal Supremo Electoral por interponer un amparo ante las persistentes amenazas al orden democrático y las intimidaciones de los órganos señalados. La Corte de Constitucionalidad tiene el deber de asegurar el orden constitucional y democrático», tuiteó el abogado y analista político Edgar Ortiz.
«Preocupan los reiterados intentos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, la intervención reiterada del Ministerio Público y la persecución a funcionarios electorales»Luis Almagro, secretario general de la OEA
La suspensión del Movimiento Semilla
Diversos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía pusieron en duda la realización de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto próximo entre los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
Hace una semana, esa dependencia había allanado las oficinas del Registro de Ciudadanos (padrón electoral) para poner bajo custodia la documentación de Movimiento Semilla, liderado por Arévalo, la sorpresa de la primera vuelta del 25 de junio.
Diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron esa primera ronda y la inhabilitación de Semilla (anulada un día después) enturbiaron la campaña de cara al balotaje.
En ese marco, llegó la nueva orden de registro en la Dirección de Recursos Humanos del TSE y la decisión del juez Fredy Orellana de librar una orden de detención contra la subdirectora de esa área, Eleonora Castillo, «por obstrucción de justicia, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez» para suspender a Semilla.
En el allanamiento participó la fiscal Cinthia Monterroso, denunciada por perseguir a periodistas críticos.
La suspensión de Semilla fue solicitada por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien señala irregularidades en la inscripción de afiliados del partido creado en 2017.
En el allanamiento participó la fiscal Cinthia Monterroso, quien en el pasado fue denunciada por perseguir a periodistas críticos del gobierno actual y exfiscales que combatieron la impunidad.
El miércoles último, tanto el juez Orellana como la fiscal Monterroso fueron incluidos por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en «actos corruptos y antidemocráticos», a quienes les prohíbe ingresar a esa nación.
0
0
Average Rating